El 1 de junio de 2013 entraba en vigor el Real Decreto 235/2013, de 4 de abril, que obliga a que cada nuevo alquiler o venta de inmuebles incorpore un documento que informa con exactitud sobre el consumo de energía que requiere la vivienda y valora su eficiencia con siete calificaciones, que van desde la excelencia de la letra «A» hasta el elevado consumo que marca la «G».
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